La Contraloría General de la República rechazó los argumentos que mediante reciente comunicado  expuso el Banco Agrario de Colombia ante las observaciones que realizó sobre el crédito otorgado a la empresa Navela y, de forma tajante, indicó que  “la actual afectación al patrimonio público es un hecho incontrovertible”.

El ente de control enfatizó que "tiene el deber constitucional y legal de vigilar  la gestión fiscal del Banco Agrario, teniendo en cuenta la participación del estado en su capital social".

"Es claro que los recursos con los cuales el Banco Agrario otorga los créditos no son provistos o hacen parte del presupuesto general de la Nación, sino que tienen origen en el ejercicio de la actividad de intermediación que realiza; pero tal situación no desvirtúa el carácter de esta entidad como sujeto de control fiscal, al ser una sociedad de economía mixta y tener una participación accionaria casi del 100% de la Nación", indicó la entidad.

Según la Contraloría, "no es cierto que en la aprobación del crédito a Navelena se cumplió con las políticas que requiere este tipo de operaciones, como quiera que en el proceso de aprobación y desembolso no se dio cumplimiento a la totalidad de las reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio expedidas al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, ni a las establecidas por la junta directiva en el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías". 

Para la época de los hechos, manifestó el ente de control, "Odebrecht en Brasil había incurrido en un riesgo reputacional, situación de la cual era posible inferir, de un lado, que lo mismo podía suceder con Navelena, toda vez que el 86,67% del capital accionario de dicha empresa es propiedad de sociedades de la empresa brasileña y, de otro, que las posibilidades de financiación para esta sociedad se reducirían de manera significativa y, en consecuencia, podría no tener la capacidad de reembolsar la obligación crediticia en el plazo y condiciones en que se solicitó y tramitó su aprobación".

Hoy el crédito y los intereses se han incumplido

La CGR señaló también que no es cierto que una vez se liquide el contrato entre Cormagdalena y Navelena, el pago en primer orden será para el Banco Agrario, como quiera que el mismo contrato de APP estipula como primer beneficiario a Cormagdalena, la cual entrará a descontar, entre otros, el valor de las multas y cláusulas penales impuestas al contratista, que con corte a 30 de abril de 2017 ascienden aproximadamente a ciento noventa y un mil millones de pesos.

El Banco Agrario estima que los dineros que Cormagdalena le adeuda a Navelena se recaudarán en octubre, fecha en la que será liquidado el contrato de APP, y que en esta misma fecha se pagará el valor de las obligaciones a favor del BAC. Para la Contraloría, lo relevante y cierto en este caso es que a la fecha el valor del crédito y los intereses se encuentran incumplidos por Navelena, así como que la garantía no ha cubierto el valor del préstamo, porque no hay recursos disponibles para cancelar la obligación, por lo que la actual afectación al patrimonio público es un hecho incontrovertible.

Finalmente, la Contraloría llamó la atención en relación con la apreciación  del Comunicado del Banco frente a que "nunca (se) ha puesto en riesgo la viabilidad, ni la gestión del Banco Agrario de Colombia", puesto que en ningún momento este organismo de control ha emitido pronunciamiento en ese sentido.

Lo que la Contraloría sí cuestiona es que la pérdida ocasionada por la operación crediticia otorgada a Navelena afecta los intereses del Estado, causándole un detrimento patrimonial por haber el BAC asumido una exposición crediticia que nunca debió asumir, debido a que aprobó y desembolsó un crédito a una sociedad que se hallaba expuesta a riesgo reputacional.​